viernes, 23 de junio de 2017

Recopilamos  una serie de leyes que las las empresas deben tener muy en cuenta , para adaptarse a los cambios más importantes que nuestras vigentes leyes han llevado a cabo. Entre los cambios más importantes hay que destacar los que se han realizado tanto en el Código Penal como en la Ley de Sociedades de Capital o en la Ley de Auditoría, que tienen por objetivo dotar al mundo empresarial de mayor seguridad jurídica y mejorar el buen gobierno.

Compliance

Entre los muchos aspectos jurídicos que aborda la reforma del Código Penal (CP), este texto trata de manera extensa la responsabilidad societaria y la lucha contra la criminalidad empresarial, a través de los programas de compliance o cumplimiento normativo. La clave de todo este asunto, como apunta la norma, es que el contar con este tipo de programas será un eximente ante una potencial condena, siempre y cuando cumpla con los elementos imprescindibles enumerados en el artículo 31 bis.
Si la empresa no implanta este tipo de departamento, el artículo 33.7 del CP mantiene diferentes penas aplicables a la persona jurídica. La primera, y en este caso quizá menos importante, es la multa, ya sea por cuotas o proporcional. Frente a esta posible sanción, el texto apunta que un juez también podría obligar a disolver la persona jurídica; suspenderla de sus actividades por un plazo que no exceda los cinco años o clausurar sus locales y establecimientos durante el mismo plazo; prohibirle realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; o inhabilitarla para contratar con el sector público u obtener subvenciones.

Gobierno corporativo

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital busca mejorar el gobierno corporativo de las empresas. Las compañías deberán rendir cuentas desde 2016 y por ello tendrán que realizar todos los cambios necesarios antes del 31 de diciembre de 2015 para ajustarse a las nuevas obligaciones de la norma.
Entre los aspectos más relevantes de esta ley se encuentra la ampliación y regulación, con mayor detalle, de los deberes de diligencia y lealtad del órgano de administración. También incrementa el alcance de la responsabilidad, obligando a los administradores no sólo a indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también a devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido.
Además, la Ley de Sociedades de Capital obliga a que se establezcan en los estatutos que "la remuneración de los administradores se efectúe por sus funciones de gestión y decisión y que este sueldo sea acorde con la situación económica de la sociedad y los estándares del mercado, así como la relevancia de la sociedad".

Auditoría

Las empresas españolas deben tener muy presente los cambios enumerados en la nueva Ley de Auditoría que entrará en vigor en 2016. Entre otros asuntos, el texto limita a diez años el tiempo del contrato entre un auditor y sociedades como bancos, aseguradoras y empresas cotizadas, incluidas las del Mercado Alternativo Bursátil.
También establece límites a las remuneraciones que podrán percibir los auditores por parte de la empresa contratante, que "en el caso de servicios distintos de los de auditoría no podrá superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70 % de la media de los honorarios percibidos durante los tres últimos ejercicios".
Por otro lado, las sociedades consideradas de interés público -una figura no muy bien definida, según los especialistas- tendrán que contar con un comité de auditoría cuyos miembros deberán ser consejeros no ejecutivos y la mayoría de ellos independientes, con formación y conocimientos fiscales y de auditoria. La norma, sin embargo, libera de esta obligación a las compañías que cuenten con pocos accionistas, como las empresas familiares.

Trámites mercantiles

La reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria se centra en agilizar los trámites de las empresas y simplificar los procedimientos mercantiles y así descargar de trabajo a los tribunales.
Gracias a este nuevo texto, las compañías podrán acudir a los notarios, por ejemplo, para cobrar deudas no contradichas o realizar subastas de bienes. Otros asuntos que podrán resolver las empresas sin contar con los secretarios judiciales, como hasta ahora, serán la convocatoria de junta generales, la conciliación registral, la posibilidad de someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas de las empresas y la designación, en su caso, del auditor, que con las nuevas competencias asignadas pueden realizar los registradores mercantiles.

Software pirata

Otro de los asuntos a tener en cuenta por parte de las empresas son las posibles sanciones relacionadas con el uso de software ilegal. Según explica el articulado del nuevo Código Penal las compañías infractoras podrían ser obligadas a disolver su compañía o ser excluidas de subvenciones y ayudas públicas hasta quince años.
La norma apunta directamente a las empresas, pero también a los administradores que, a partir de ahora y siempre que no hagan nada para prevenir el uso de estos programas piratas, podrán ser sancionados con penas de hasta cuatro años de prisión y con multas económicas idénticas a las aplicadas a las personas jurídicas .

Cambios en el ámbito laboral impulsados por los tribunales


En lo que se refiere al mundo laboral, el Gobierno no ha realizado ningún cambio desde la última reforma laboral de 2012. Sin embargo, en este ámbito se están viviendo importantes cambios impulsados por las sentencias de los juzgados nacionales, fallos que las empresas deberían tener muy en cuenta en el caso de tener que realizar despidos o expedientes de regulación de empleo. Entre los asuntos más frecuentes tratados por los tribunales hay que destacar los asuntos centrados en la ultraactividad -aplicación de un convenio colectivo caduco- o las indemnizaciones por despido improcedente -el Supremo decidió que el tiempo máximo de la compensación pasa a tres años y medio, frente a los dos años que aparecía en la reforma laboral-. Otros asuntos tratados frecuentemente por los tribunales nacionales desde la entrada en vigor de este texto son la reducción de jornada -la Audiencia Nacional dice que cada trabajador puede diseñar a lo largo de la semana su jornada reducida, frente a lo que impone la reforma que obliga a que sea diaria y proporcional-; el descuelgue de convenio -el Supremo ha señalado que es nulo retrotraer un rebaja de sueldo o variación de jornada, aunque se pacte con los trabajadores- ; o el periodo de prueba -varios jueces han puesto en entredicho el periodo de prueba de un año que introdujo el texto para el contrato de apoyo.

miércoles, 21 de junio de 2017

Sentencias Laborales


Ø  Retribución alta dirección en empresas públicas. El TS explica que si se acreditaran incrementos prohibidos en la retribución del personal directivo de una sociedad pública, la consecuencia no puede ser la superación de los límites presupuestarios para el resto del personal de la empresa. Ni siquiera por la vía de los daños y perjuicios, porque se vulneraría frontalmente las normas presupuestarias. STA TS 13-10-2016.


Ø  Conflicto colectivo. Panrico. Nulidad de las medidas de externalización de los servicios de logística. La empresa debió haber seguido el procedimiento previsto en el Estatuto de Trabajadores para la modificación colectiva sustancial de las condiciones de trabajo, y al no hacerlo se omitieron las garantías de este procedimiento, como es el periodo de consultas pertinente, en el que la empresa ha de aportar la documentación necesaria para que los representantes de los trabajadores conocieran la situación y pudieran intervenir en el mismo. STA TS 21-04-2017. Enviado noticia 07-06-2017.

lunes, 19 de junio de 2017

Sentencia del orden de lo Social

     

    Nulidad de la modificación sustancial colectiva cuando la negociación se lleva a cabo por correo electrónico y sin documentación. Procede declarar la nulidad de la modificación sustancial colectiva cuando confluye una total insuficiencia de aportación de la mínima documentación exigible para que el periodo de consultas cumpla su finalidad legal, así como una inexistente negociación en el verdadero sentido del término, no cabiendo equiparar a ese mecanismo de garantía la simple remisión de correos electrónicos cruzados con los sindicatos. STA TS 21-04-2017.

martes, 6 de junio de 2017


LOS LOGOPEDAS EN LAS AULAS

Proposición no de ley sobre la aprobación de un Plan de garantía y fomento de la escuela integradora e inclusiva, presentada por el Grupo Parlamentario Compromís (RE número 26.122) 



El cumplimiento del derecho universal y fundamental a la educación obliga a dar cumplimiento a las necesidades educativas especiales o específicas que individualmente se requieren para realizar progresos en el ámbito educativo.



Una educación inclusiva e integradora exige garantizar la captación para atender a todos a los niños y niñas, incluidos, y especialmente, aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Los beneficios de una escuela inclusiva repercuten en todos los niños y niñas, al asentar principios básicos como que las diferencias humanas forman parte del individuo. Considerando la diferencia, desaparece la condición distintiva del niño y la niña con el fin de aportar los medios necesarios al aprendizaje de los distintos ritmos de cada alumno. La experiencia ha demostrado que así se reduce el número de fracaso escolar y de repetidores.



Los principios y la formalización se recogen por primera vez en el Informe Warnock (1974-1978, Reino Unido), para incorporarse en España en el artículo 36 de la LOGSE, apoyándola en un marco legal superior en 1994 por la Declaración de Salamanca. La aplicación iniciaría un cambio sustancial en cuanto a la atención a niños con necesidades educativas especiales que ha venido desarrollándose en la normativa posterior, hasta llegar a los artículos 71, 72 y 81 de la LOE.



Con posterioridad a la aprobación de la LOE (2008), España ratifica por la dirección del Estado la convención y protocolo facultativo sobre las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 (ley de orden superior y obligado cumplimiento), cuya adaptación a nuestra legislación aún no se ha llevado a cabo.



La responsabilidad, por ahora, recae en la administración autonómica, que debe poner los medios suficientes para garantizar el derecho legal y fundamental a una escuela inclusiva e integradora dando cumplimiento así a lo que se dispone en la Orden de 16 de julio de 2001, de la Generalitat Valenciana, donde se regula la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de educación infantil y educación primaria de nuestro territorio.



Y es por eso que presentamos la siguiente Propuesta Resolución:




Les Corts instan al Consell a aprobar un Plan de garantía y fomento de la escuela inclusiva e integradora que incluya los siguientes principios, objetivos y derechos:



1. En cuanto al proceso de escolarización:



- Una escuela inclusiva, digna, igualitaria y de calidad.



- La eliminación del asedio escolar mediante un protocolo de actuación, prevención y radicalización que incluya tratar al niño o niña agresor y su entorno familiar para su rehabilitación, apoyo familiar y la reacción inmediata del centro educativo.



- Establecer planes de formación del profesorado a través de los CEFIRE, que permitan la detección temprana del ciberacoso y otros riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías.



- El respeto a la integridad física y mental en igualdad de condiciones con los otros.



- Garantizar una valoración psicopedagógica temprana, para evaluar y satisfacer las necesidades específicas.



- Ampliación de todas las asignaturas en la adaptación curricular.



- Garantizar un seguimiento, una continuidad[Próximo Hit] y una revisión, en su caso, de modalidad educativa.



- Flexibilidad de edades en las distintas etapas educativas.



- El acceso a estudios superiores con los medios necesarios.



- Coordinación con las universidades para el mantenimiento y control de los materiales de apoyo para el alumnado con necesidades específicas, en el tránsito de los estudios preuniversitarios a los universitarios.



- Preparación del empleo a través de las adaptaciones curriculares, mediante programas de transición a la vida adulta y programas de garantía social.



- Charlas informativas para concienciar al alumnado, profesorado, padres, madres y tutores.



- Puesta en marcha de un plan de detección del alumnado con necesidades de educación compensatoria, con coordinación explícita con los trabajadores sociales de los ayuntamientos y personal de los SPE.



2. En cuanto a servicios de apoyo y tecnologías:



- Acceso a servicios, equipos e instalaciones de diseño universal.



- Acceso a las nuevas tecnologías por parte de todo el alumnado y particularmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y cooperación con los servicios de informática de la conselleria para la adquisición 
de material informático más apto para cada alumno con discapacidad.



- Derecho a la atención personal.



- Señalización en los servicios y otras instalaciones abiertas al público en braille, pictogramas, formatos de fácil lectura y comprensión.



- Derecho al servicio de educación a domicilio, dando prioridad a aquellos niños y niñas que sufren enfermedades invalidantes (sensibilidad química múltiple, narcolepsias, etc.) o a aquellos que sus circunstancias personales así lo aconsejan, facilitando los medios de estudios en casa de que el Ministerio de Educación dispone, conforme se establece en los artículos 



27, 14 y 49 de la CE.



- Garantizar la accesibilidad a los centros escolares: eliminación de barreras arquitectónicas y dotación de ayudas técnicas individuales y de equipamiento de centro y aula.



- Formación del equipo docente dirigida por un especialista en neuropsicología.



3. En cuanto los padres, madres y tutores:



- Derecho a elegir el centro educativo que estimen más conveniente.



- Derecho a poder elegir sobre las decisiones que afecten a su hijo o hija.



- Derecho a la información continuada sobre las decisiones que afecten a sus hijos e hijas.



- Derecho a la orientación psicopedagógica.



- Derecho a atención en logopedia impartida por logopedas profesionales.



4. En cuanto a las aulas de comunicación y lenguaje (aulas CIL o TEA):



- Regulación legal para las aulas de comunicación y lenguaje, así como dotación de personal, material, espacio y horarios de inclusión como dicta la sentencia del Tribunal Superior del 9 de mayo de 2011. La ampliación de estas aulas en secundaria se debería realizar en coordinación con respecto a las ya creadas en primaria, es decir, que las aulas nuevas que se creen en secundaria sean constituidas en las localidades donde ya existen las de primaria, asegurando la inclusión y continuidad del alumno o alumna que ha empezado a utilizarlas en primaria y garantizándolas hasta la finalización de la etapa educativa obligatoria.



- Garantizar la coordinación de cada una de las aulas CIL por los profesionales necesarios: maestro o maestra de PT, maestro o maestra de AL y educador o educadora, los cuales deberán dar asistencia y apoyo a sus alumnos impartiendo sus clases para realizar una atención priorizada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo impulsando así una mejora en la calidad de la enseñanza.



- La presencia de los profesionales de logopedia en el sistema educativo, en las aulas de comunicación y lenguaje (aulas CIL o TEA), para garantizar una mejor detección y diagnóstico y así intervenir con agilidad ante las posibles disfunciones del lenguaje y la comunicación que genera la discapacidad, colaborando con los profesores tutores, los PT o AL, como se dispone en la LO 2/2006, de 3 de mayo (LOE).




A LA MESA DE LES CORTS 



Isaura Navarro Casillas y Marian Campello Moreno, diputadas, y Mònica Álvaro Cerezo, portavoz adjunta, del Grupo Parlamentario Compromís, al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y concordantes del RC, presentan la siguiente proposición no de ley de tramitación ordinaria.



Enlace a Boletín Oficial de las Cortes Valencianas Número 93> II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ> E. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓ> 4. Proposiciones no de ley y otros proposiciones: 
Proposición no de ley sobre la  aprobación de un Plan de garantía y fomento de la escuela integradora e inclusiva, presentada por el Grupo Parlamentario Compromís (RE número 26.122) . 11228

domingo, 4 de junio de 2017

OTRA LEGISLACIÓN DE INTERÉS
  • Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria (BOE 15-05-2017).
  • Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (BOE 27-05-2017).
  • Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE 27-05-2017).

viernes, 2 de junio de 2017

No exigencia del registro diario de jornada
A vueltas, una vez más, con el registro diario de la jornada de los trabajadores por parte de las empresas, finalmente no existe tal obligación, como se desprende de dos sentencias del Tribunal Supremo que ya han sentado jurisprudencia.
No exigencia del registro diario de jornada.
A vueltas, una vez más, con el registro diario de la jornada de los trabajadores por parte de las empresas, finalmente no existe tal obligación, como se desprende de dos sentencias del Tribunal Supremo que ya han sentado jurisprudencia.
Pese a que el Estatuto de los Trabajadores (ET) determina tal obligación únicamente para trabajadores a tiempo completo —y tan solo en el caso de que estos realicen horas extras—, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) emitió el pasado año una instrucción en la que instaba a inspectores y subinspectores a que exigieran a las empresas el registro diario de jornada como método obligatorio a efectos de comprobación de la existencia de horas extras realizadas por los trabajadores, siendo que de no existir tal registro, dicha ausencia podría ser considerada por la ITSS como infracción grave en materia de jornada, pudiendo reportar tal circunstancia sanciones de hasta 6.260 euros.
Ciertamente, tres sentencias previas —en este caso, de la Audiencia Nacional— habían determinado la obligación de registro de la jornada con independencia de que se realizaran o no horas extraordinarias, lo que devino en la citada instrucción de la ITSS. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo viene a contradecir a la Audiencia Nacional en tal sentido, eximiendo a las empresas de la obligatoriedad de registrar la jornada diaria de todos los trabajadores, lo que asimismo ha traído como consecuencia la emisión de una nueva instrucción de la ITSS que viene a complementar —aunque realmente cabría decir que rectifica— a la anteriormente indicada.
Entre los motivos que justifican este cambio, el hecho de que en el ET no se recoge tal exigencia; la obligación de registro del tiempo de trabajo afecta únicamente a las horas extra y no a toda la jornada laboral. Si la intención hubiera sido anotar toda la jornada, como tal se habría incluido en el ET; así se especifica, por ejemplo, en el caso de contratos a tiempo parcial, entre otros.
Por otra parte, limitarse únicamente al registro de las horas extra cumple la normativa europea. Además, se considera que un control exhaustivo de toda la jornada diaria y el tratamiento de los datos obtenido como consecuencia de ello podría derivar en una «injerencia indebida de la empresa en la intimidad y libertad del trabajador». Así pues, la ITSS determina ahora que omitir el registro de la jornada diaria de trabajo no supone una infracción del orden social (que en todo caso, además, sería considerada como infracción leve, y no grave).

jueves, 1 de junio de 2017

2017-05-05 Autor: José Piñeiro Periodista y Dtor. VP.

Existen muchas personas que tienen grandes actitudes para Mediar, pero nuestro ordenamiento jurídico no le da la consideración de Mediador.

Desde la Ley 05-2012, nuestro ordenamiento jurídico establece quién puede ser Mediador y quién puede Mediar, y lo define como: El mediador ha de poseer un título oficial universitario o de formación profesional superior, contar con una formación teórico-práctica específica para ejercer la mediación consistente en 100 horas de docencia efectiva, de las que, al menos el 35% tengan carácter práctico, además de actualizar sus conocimientos con una formación de 20 horas cada 5 años (Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre).

El mediador también ha de tener suscrito un seguro de responsabilidad o garantía equivalente que cubra la posible responsabilidad Profesional derivada de la actuación en las intervenciones que haga, seguir una formación continuada y respetar los principios informadores de la mediación. --voluntariedad ; neutralidad; confidencialidad; igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores--.

Por lo tanto, que una persona tenga habilidad para promover que dos o más partes lleguen a acuerdos, no lo definen como mediador, pues este deberá además, cumplir con todos los requisitos legales.

Queda por definir de una vez por todas, si el legislador cumplirá la legislación de una vez por todas y además hará que la Mediación sea la primera pieza dentro de las litis que se produzcan haciéndola obligatoria como pasa ya en otras jurisdicciones que han dado excelentes frutos reservando los tribunales para situaciones graves e importantes.