jueves, 22 de febrero de 2018

La edad media de jubilación en 2017 fue de 64,2 años

 La edad media de jubilación en 2017 fue de 64,2 años, según los datos de Empleo (correspondientes a noviembre). El ejercicio pasado fue el segundo con más jubilaciones de la historia, con 309.709 retiros. De ellas, 133.602 fueron solicitadas por personas que tenían 64 años o menos, es decir, el 43% de los que se jubilaron en 2017. Otra de las características de los retirados de 2017 y que confirma la tendencia de años anteriores es la moderación de la pensión inicial. Por segundo ejercicio consecutivo, la pensión inicial media de jubilación se ha reducido, situándose en 1.318 euros, lo que supone una caída del 1% respecto al año pasado y del 1,8% del récord registrado en el año 2015, pero suponen un 32% más que los 994 euros brutos mensuales que percibían los que se retiraban en el año 2007.

miércoles, 21 de febrero de 2018

La ITSS adapta su Instrucción 3/2016 de la Inspección de Trabajo sobre el control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias tras la nueva doctrina del TS eximiendo de su control a las empresas.

  • Materias: Laboral
  • Fecha: 24/05/2017

Reloj sobre calendario laboral
Tras haber sido fijada doctrina por parte del Tribunal Supremo eximiendo a las empresas de llevar un registro de las jornadas de su plantilla, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha modificado su Instrucción 3/2016 de la Inspección de Trabajo sobre el control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias, con la intención de hacerla coincidir con los criterios del Alto Tribunal en relación a la interpretación del apdo. 5, Art. 35ET.
El documento (Instrucción núm. 1/2017, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social complementaria a la Instrucción 3/2016, de 21 de marzo, sobre el control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias), de carácter interno para los Inspectores y Subinspectores de Trabajo, complementará la ya conocida Instrucción 3/2016 en los siguientes aspectos:
  • La falta del registro horario de toda la plantilla no es constitutiva de infracción del orden social, al no tratarse de una obligación exigible para las mercantiles. La obligación del empresario de anotar (registrar) se extiende solo a la extraordinarias y no a toda la jornada de trabajo.
  • En base a hechos probados, los razonamientos o deducciones lógicos en las inspecciones, y la doctrina de la prueba indiciaria o indirecta (aquella que permite dar por acreditados en un proceso judicial unos hechos sobre los que no existe una prueba directa pero a partir de los cuales se estiman probados otros hechos relacionados) los inspectores velarán por el respeto a los límites legales en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias.
  • Se considera aplicable la exigencia de registro horario, por no haber sido afectadas por la nueva doctrina, en sectores como: trabajadores móviles en el transporte por carretera, la marina mercante y sector ferroviario.
  • Se mantiene la obligación de registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial y horas extraordinarias.
Atendiendo a la complementación de la Instrucción 3/2016, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, especifica:
La instrucción 3/2016, de 21 de marzo sigue vigente, con excepción hecha del atinente a la obligación empresarial de registrar la jornada diaria de trabajo que de las sentencias Inexistencia de obligatoriedad del registro de la jornada de los trabajadores (crea jurisprudencia). Sentencia SOCIAL Nº 338/2017, TS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 116/2016, 20-04-2017 " y Inexistencia de obligatoriedad del registro de la jornada de los trabajadores. Sentencia SOCIAL Nº 246/2017, TS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 81/2016, 23-03-2017", han considerado inexistente (salvo para las excepciones que en las mi indican)
La omisión del registro no puede considerarse en sí misma infracción social.
La doctrina contenida en las citadas sentencias no afecta a la obligación empres respetar los límites legales y convencionales en materia de tiempo de trabajo extraordinarias, siendo función esencial de la Inspección de Trabajo y Seguridad controlar este cumplimiento.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social seguirá realizando actuaciones de comprobación para la detección de infracciones en relación con la superación de la jornada laboral en base de las comprobaciones inspectoras. El texto recalca que si bien no se recoger,a como infracción la falta de registro de la jornada diaria de trabajo a que se refiere el artículo 35.5 ET, - dado el TS señala que no pesa esta obligación empresario-, la Inspección podrá determinar las infracciones sancionables de los que contravengan las normas sobre tiempo de trabajo y horas extraordinarias base de las comprobaciones inspectoras.

Condenado a readmitir a una empleada despedida por razón de sexo

  • Materias: Laboral
  •  
  • Fecha: 01/02/2018

Noticias Iberley
El juzgado de lo Social nº 33 de Madrid declara nulo el despido de un mujer, víctima de violencia de género fuera del trabajo, por resultar discriminatorio por razón de sexo; condenando al empresario a readmitirla en su puesto de trabajo. abonarle los salarios devengados hasta que se haga efectiva la readmisión y a indemnizarla tanto por los daños materiales como morales en cantida próxima a los 23.000 euros.

Obligación de conservar la documentación: Plazos a tener en cuenta



¿Hasta cuando debo conservar la documentación de mi empresa? Se trata de una pregunta que tarde o temprano siempre nos surge cuando desarrollamos una actividad económica y que además se va repitiendo conforme pasan por nuestras manos todo tipo de de documentos distintos con el fin de justificar las operaciones realizadas.

Libros, facturas, contratos… tanto si se trata de documentos recibidos como de los entregados, debemos conservarlos principalmente por dos posibles motivos: porque la normativa reguladora así lo obligue con carácter imperativo o porque puedan ser exigidos en el futuro, normalmente por la propia Administración pública en sus funciones de comprobación e inspección.

En este sentido el primer plazo a tener en cuenta lo marca el artículo 30 del Código de Comercio:

Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.

Teniendo en cuenta que este artículo corresponde al Título III sobre la Contabilidad de los empresarios, podríamos rebatir si ese plazo se refiere sólo a la documentación contable (Libros Diario, Inventario y Cuentas Anuales, Actas…) pero es evidente que la contabilidad por si sola no justifica debidamente la realidad de las operaciones realizadas

Por tanto, desde el último día de cada ejercicio, toda la documentación correspondiente al mismo debe guardarse durante los siguientes seis años, ya sea de tipo contable, fiscal, laboral o mercantil, salvo que otra norma exija un plazo mayor.

Plazos de prescripción

Muchos se centran nada más que en los plazos de prescripción, sobre todo en materia tributaria, a la hora de establecer un calendario de conservación de la documentación de la empresa. En la siguiente tabla puede ver cuando prescriben las distintas obligaciones de forma general:

Materia
Prescripción
Normativa
Contable y mercantil. Conservación
6 años
Art. 30 CC
Fiscal. Liquidar o exigir el pago de deudas tributarias
4 años
Art. 66 Ley 58/2003
Fiscal. Comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación
10 años
Art. 66 bis Ley 58/2003
Laboral. Infracciones
3 años
Art. 4.1 Real Decreto Legislativo 5/2000
Seguridad Social. Infracciones
4 años
Art. 4.2 Real Decreto Legislativo 5/2000
Prevención de Riesgos Laborales. Infracciones
5 años
Art. 4.3 Real Decreto Legislativo 5/2000
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
10 años
Art. 131 Ley Orgánica 10/1995

Estos plazos de prescripción empezarían a contar desde el último día del plazo voluntario para la presentación de la liquidación o declaración correspondiente, en el caso de las infracciones fiscales y desde el mismo momento de cometerse la infracción en el resto de supuestos.

Sin embargo quedarnos simplemente con estos plazos sería muy descabellado, teniendo que adecuarnos a las distintas operaciones y sobretodo a las obligaciones que puedan surgir como consecuencia de los mismos. A este respecto, como ejemplos de documentación que tendremos que conservar durante más tiempo podemos observar:

  • Sobre préstamos: hasta que sean devueltos.
  • Del inmovilizado: hasta que sea amortizado y/o vendido.
  • Relativa a bienes de inversión: hasta que se haya cumplido el plazo de regularización del IVA (9 años para terrenos y edificaciones).
  • Correspondiente a ejercicios en los que se haya generado una base imponible negativa: hasta cuatro años después de su compensación.

Además, si el plazo de prescripción de cualquier tipo de obligación es inferior al establecido con carácter general para la obligación de conservación es recomendable seguir manteniendo la documentación al menos hasta llegar a los seis años antes mencionados.

Por último, no debemos olvidar la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece en su artículo 25 que los sujetos obligados a la misma conservarán durante un período mínimo de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, concretamente copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida y original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio.

martes, 20 de febrero de 2018

Eleva al Tribunal de Justicia Europeo una duda sobre discriminación salarial a los funcionarios interinos de Navarra

  • Materias: Laboral
  •  
  • Fecha: 06/02/2018

Noticias Iberley
El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Pamplona, eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre si el Gobierno de Navarra puede denegar a un contratado administrativo un complemento retributivo previsto para los empleados públicos indefinidos.

En vigor la reforma de los planes de pensiones

  • Materias: Laboral
  •  
  • Fecha: 12/02/2018

Noticias Iberley
Ayer, domingo, 11 de febrero de 2018, entró en vigor el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

lunes, 19 de febrero de 2018

El Supremo revoca la pensión de viudedad de una mujer no inscrita en el Registro de parejas de hecho.

  • Materias: Laboral
  •  
  • Fecha: 12/02/2018

Noticias Iberley
El Pleno de la Sala IV de lo Social, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso del Instituto de la Seguridad Social confirmando la procedencia de no conceder la pensión de viudedad a una mujer por no cumplir el requisito de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

viernes, 16 de febrero de 2018

Validez de una factura proforma, correspondiente a los honorarios de un abogado, a efectos de la deducción del IVA y de su deducibilidad en el IRPF.

Normativa

Ley 37/1992. Ley 35/2006

Cuestión

Validez de una factura proforma, correspondiente a los honorarios de un abogado, a efectos de la deducción del IVA y de su deducibilidad en el IRPF.

Descripción

Se corresponde con la cuestión planteada.

Contestación

Impuesto sobre el Valor Añadido
Primero. El consultante ha recibido un documento por el pago de los honorarios de un servicio prestado por un abogado, por lo que desea saber cuál es el contenido necesario de la factura a efectos de deducir la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido soportada.
Segundo.- El derecho a deducir es objeto de regulación en el Titulo VIII de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29) artículos 92 a 114, señalando el artículo 97 respecto de las facturas que:
“Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho.
A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción:
1.º La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
(…)
Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse en el período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento o en los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 114 de la misma.
Tres. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía superior a la cuota tributaria expresa y separadamente consignada que haya sido repercutida o, en su caso, satisfecha según el documento justificativo de la deducción.
(…).”.
Por su parte, el artículo 164.Uno.3º de la Ley 37/1992, establece, como una de las obligaciones que incumben a los sujetos pasivos del impuesto, la de “expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.”.
La obligación de expedir factura es objeto de desarrollo por el Reglamento que regula las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 29 de noviembre (BOE del 1 de diciembre) en cuyo artículo 2.1 se preceptúa que:
“1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, en los términos establecidos en este Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(…).”.
Los empresarios o profesionales que expidan facturas deben observar, en particular y respecto de su contenido, lo dispuesto en su artículo 6 cuyo íntegro contenido es necesario para poder ejercitar el derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportado, sin perjuicio de lo dispuesto para las facturas simplificadas en el artículo 7 cuando sea posible su emisión.
El contenido y las menciones necesarias de toda factura de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de facturación son:
“1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
(…)
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes casos:
1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentre exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto.
2.º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla.
3.º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
(..)
4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, tendrá la consideración de factura aquella que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que se refiere este artículo.”.
Los preceptos del Reglamento de facturación son trasposición de lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, del Consejo relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificada en lo que a facturación se refiere por la Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio, la cual prevé, en su considerando 10, que “las facturas deben reflejar entregas o prestaciones reales y debe garantizarse por tanto su autenticidad, integridad y legibilidad. Los controles de gestión pueden utilizarse para establecer pistas de auditoría fiables entre las facturas y las entregas o prestaciones, garantizando de esta forma que cada factura (ya sea en papel o en formato electrónico) cumple estos requisitos.”.
Adicionalmente, el artículo 218 de la Directiva 2006/112/CE señala, respecto del concepto de la factura, que:
“A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros aceptarán como factura cualquier documento o mensaje en papel o en forma electrónica que cumpla las condiciones determinadas por el presente capítulo.”.
A la factura hace también referencia la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18 de diciembre) que establece, en su artículo 105.1, respecto de los medios de prueba, que “en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.”.
En concreto, sobre los medios de prueba, señala el artículo 106 de la Ley 58/2003 que:
“1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
(…)
3. La ley propia de cada tributo podrá exigir requisitos formales de deducibilidad para determinadas operaciones que tengan relevancia para la cuantificación de la obligación tributaria.
4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.”.
Interpretando conjuntamente los artículos 97 y 164 de la Ley 37/1192, los artículos 26 y 7 del Reglamento de facturación, la Directiva 2006/112/CE así como los artículos 105 y 106 de la Ley 58/2003 puede concluirse, en primer lugar, que la factura constituye un medio de prueba preferente de la realidad de las operaciones en ellas documentadas y, por tanto, la información contenida en la misma debe ser veraz y lo suficientemente descriptiva sin que exista un modelo específico de factura aunque sí un contenido mínimo que debe observarse por aquellos obligados a expedirlas.
De acuerdo con lo anterior, debe señalarse que entre las menciones específicas exigidas por el Reglamento de facturación no se encuentra la denominación específica “factura” por lo que la consultante no puede exigir la inclusión de una expresión tal en los documentos que reciba que tendrán la consideración de factura a los efectos del impuesto cuando contenga las menciones específicas previstas en los artículos 6 o en su caso, 7 del Reglamento de facturación.
Tercero.- En el supuesto de que la operación realizada tenga una pluralidad de destinatarios deberá tenerse en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 14 del RD 1619/2012, según el cual:
“1. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada factura.
2. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas únicamente será admisible en los siguientes casos:
a) Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen varios destinatarios. En este caso, deberá consignarse en el original y en cada uno de los duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.
(…)
3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos originales.
4. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión «duplicado».”
Cuarto. En consecuencia, para poder ejercitar el derecho a deducción quien lo pretenda deberá estar en posesión del documento original o, en un caso como el presente en que existen una pluralidad de destinatarios, de una copia del mismo.
En el caso objeto de consulta, el documento presentado como “minuta proforma” adolece de las siguientes menciones que son necesarias para poder ser considerado como una factura necesaria para ejercitar el derecho a la deducción de las cuotas del impuesto soportadas:
1º-Falta el número de emisión, como resulta preceptivo.
2º. La fecha del documento no indica si es la de emisión y realización de la operación, y debería constar esta última si fuera distinta a aquélla.
3º. No están identificados todos los destinatarios, lo cual debe hacerse emitiendo los duplicados suficientes para identificarlos, con mención de sus respectivos domicilios y sus números de identificación fiscal.
4º.Asimismo, en el original y en cada una de las copias debe constar la base imponible y la cuota repercutida a cada uno de ellos.
Subsanados los defectos anteriores el documento presentado reuniría los requisitos para ser considerado como la factura en la que se documenta la operación, a efectos del ejercicio del derecho a la deducción.
Quinto. Por último señalar que únicamente tiene derecho a la deducción el destinatario de las operaciones sujetas y en el documento objeto de consulta denominado minuta proforma aparece el consultante no como cliente del servicio de abogacía sino bajo la denominación de “contrario”, por lo que si la obligación de pago de los servicios prestados lo fuera a causa de su condena en costas y no como cliente de los servicios de un abogado, ni el consultante ni los otros condenados en costas tendrían derecho a deducción alguno, ni debería expedirse factura alguna a su nombre.
En efecto, la reiterada doctrina de la Dirección General de Tributos acerca de la tributación de las costas judiciales queda resumida, por todas, en su contestación a la consulta de referencia V0888-14, de 31 de marzo, que establece lo siguiente:
“El pago del importe de la condena en costas por la parte perdedora en un proceso implica la indemnización a la parte ganadora de los gastos en que incurrió, entre otros, por servicios de asistencia jurídica y que son objeto de cuantificación en vía judicial. Habida cuenta de esta naturaleza indemnizatoria, no procede repercusión alguna del tributo por la parte ganadora a la perdedora, ya que no hay operación sujeta al mismo que sustente dicha repercusión. Igualmente, no habiendo operación sujeta a tributación, no procede la expedición de factura a estos efectos, sin perjuicio de la expedición de cualquier otro documento con el que se justifique el cobro del importe correspondiente.
Lo señalado anteriormente debe entenderse, en todo caso, sin perjuicio de la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios que pudieran haberle sido prestados a la parte ganadora, que ha de percibir las cantidades en concepto de costas judiciales, por empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio independiente de su actividad empresarial o profesional (por ejemplo, abogados y procuradores), con independencia del hecho de que sea precisamente el importe de tales servicios, en su caso, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, el que haya de tenerse en cuenta para determinar las costas judiciales que habrá de satisfacerle la otra parte en el proceso.
En este sentido hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2005 (Nº de recurso 3027/1999), que en su Fundamento de Derecho primero, tercer párrafo, señala lo siguiente:
“Sentado lo anterior, en lo que atañe al argumento del impugnante éste debe ser desestimado, ya que el sujeto pasivo del IVA, el Letrado y Procurador en este caso, viene obligado a repercutir su importe sobre la persona para quien se realiza la operación gravada y aquella no es otra que la recurrida quien en virtud de la condena en costas no hace sino obtener el reintegro de lo abonado de quien resulta vencido en el proceso. No estamos ante un supuesto de repercusión del IVA en el Estado sino ante el reintegro al litigante que obtiene una sentencia favorable con condena en costas, por parte de quien resulta condenada en tal concepto, de los gastos por aquél realizados.”.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Al incluirse el consultante en la factura proforma como la parte contraria en un procedimiento judicial en el que ha intervenido como abogado el emisor de la minuta, la contestación se efectúa desde el planteamiento de que el consultante ha sido condenado en costas.
En los supuestos de condena en costas este Centro directivo —tomando como base la configuración jurisprudencial de la condena en costas, establecida por el Tribunal Supremo, como generadora de un crédito a favor de la parte vencedora y que, por tanto, no pertenece a quien le representa o asiste— viene manteniendo el criterio (consultas nº 0154-05, 0172-05, V0588-05, V1265-06, V0343-09, V0268-10, V0974-13 y V2909-14, entre otras) de considerar que al ser beneficiaria la parte vencedora, la parte condenada no está satisfaciendo rendimientos profesionales a los abogados, procuradores y peritos de la parte vencedora sino una indemnización a esta última —pues se corresponde con el pago de los honorarios de abogado, procurador y perito en que esta ha incurrido—. Desde esta perspectiva, la incidencia tributaria para la parte vencedora viene dada por su carácter restitutorio de los gastos de defensa, representación y peritación realizados, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29):
“Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.
Complementando lo anterior, procede indicar que de forma correlativa, para la persona o entidad condenada al pago de las costas procesales, tal condena tiene también su incidencia tributaria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como gasto (si se produce en el desarrollo de una actividad económica en estimación directa) o pérdida patrimonial.
Por lo que respecta a la justificación documental de este gasto o pérdida, el artículo 106.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18), dispone que “en los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa”.
Por tanto, el consultante podrá acreditar el gasto o pérdida por los medios de prueba admitidos en Derecho el pago, siendo los órganos de gestión e inspección tributaria a quienes corresponderá —en el ejercicio de sus funciones y a efectos de la liquidación del impuesto— la valoración de las pruebas que se aporten como elementos suficientes para determinar su existencia.
Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley General Tributaria.

Por qué sería bueno que imitáramos a Islandia y Alemania

En el país nórdico, las empresas están obligadas por ley a pagar a todos sus empleados, con igual puesto, el mismo sueldo

No es un hecho aislado. La brecha salarial entre hombres y mujeres llega a todos los ámbitos y sectores productivos. Cabe recordar la denuncia que lanzó la actriz Robin Wright, intérprete junto a Kevin Spacey, de House of Cards, contra la plataforma Netflix, al descubrir que, a pesar de ser coprotagonista de la aclamada serie, cobraba mucho menos dinero que Spacey.
“Me dijeron que me estaban pagando lo mismo, les creí, y he descubierto que no era así”, afirmó la estrella de Hollywood, quien también reconoció su salario como actriz se redujo considerablemente después de ser madre de sus dos hijos. “Como no trabajaba a jornada completa, me encontré con un techo de cristal. Hay que hacerse respetar para no quedarte fuera del negocio y convertirte en un actor de segunda”. Esto sucede en Estados Unidos, pero se puede extrapolar a cualquier otro país, salvo, a partir de ahora, en uno.

Islandia ha dado un paso más hacia la igualdad de género. Cierto es que siempre ha ido por delante en sus políticas sociales para disminuir las diferencias entre hombres y mujeres, y desde hace nueve años encabeza el informe Global de Brecha de Género, que elabora anualmente el Foro Económico Mundial. A partir de ahora se convierte en el primer país del mundo, que cuenta con una ley que exigirá a las empresas y a los organismos públicos, con una plantilla superior a 25 trabajadores, que retribuyan a sus empleados, que desempeñen las mismas funciones, con el mismo sueldo, con independencia de si es hombre o mujer, de su etnia, sexualidad o nacionalidad. En caso de que no se cumpla con la norma, la empresa o institución pública será sancionada con una multa económica.En esta misma dirección, con el fin de acabar con la brecha salarial, va Alemania, que permitirá, a partir de este fin de semana cuando entre en vigor una nueva ley, a las empleadas de compañías con más de 200 trabajadores conocer el sueldo medio de sus compañeros varones que desempeñen el mismo puesto. Cualquier mujer podrá reclamar judicialmente su derecho a recibir la misma retribución por el mismo desempeño. Esta medida afectará a unas 18.000 empresas. De estas, 4.000 tienen más de 500 empleados y deberán elaborar informes anuales sobre la igualdad salarial. Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales en 2016, las mujeres ganan en Alemania como promedio un 21,6% por ciento menos que los hombres. España tampoco se salva, aunque haya mejorado su posición en el último informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial, pasando en un año del puesto 29 al 24.
El salario medio bruto de los varones en España es de 2.075 euros, mientras que las mujeres reciben 1.661 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística
A pesar del avance, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras el salario medio bruto de los varones es de 2.075 euros mensuales, las mujeres reciben 1.661 euros. Además, las mujeres que ganan menos de mil euros es el doble que el de ellos. La diferencia salarial entre unas y otros supera el 23%. “Aunque haya cierta mejora y un acercamiento salarial, todavía queda mucho camino por recorrer en el tema de la igualdad”, explica José Medina, socio director de la consultora de búsqueda de alta dirección Odgers Berndtson.
Desde su puesto, observa que puede haber una diferencia de entre un 15 o un 20% en el salario de un cargo directivo, dependiendo de si lo ocupa una mujer o un varón. “En general, sí hay diferencias, además tratándose del mismo trabajo, aunque en las compañías más avanzadas no hay tanta disparidad. Es cuestión de valores”, argumenta este experto, que recomienda mirar el ejemplo de países más evolucionados en este aspecto, como son los países escandinavos.
El citado estudio del Foro Económico Mundial cifra la brecha de género en un 68%, y coloca a Islandia, Noruega y Finlandia como las naciones con una menor desigualdad. Porque esta disparidad despoja al mundo de uno de los mayores recursos que existen, como es el talento, necesario para afrontar los grandes desafíos que tiene el mundo por delante, recalca en el informe el economista Klaus Schwab, presidente del citado organismo. A pesar de que en España existe una ley orgánica (3/2007, de 22 de marzo) para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que especifica la paridad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, así como en los programas de mejora de la empleabilidad de la mujer, lo cierto es que pocas veces se levanta la voz en caso de discriminación. “Hay un temor a perder el trabajo, pero siempre que se ha reclamado ha prosperado. En el tema salarial es muy difícil porque no hay dos personas con el mismo salario, y lo lógico es que en un mismo nivel no se deben dar estas diferencias”, apunta Rafael Barrilero, experto en temas de compensación y socio de Mercer.
Y señala que en el ADN de toda compañía debería existir esa concienciación y una política de igualdad retributiva, con el fin de que no existan esas diferencias salariales, pero también con el deseo de fomentar planes de promoción laboral para las mujeres. “Aquí también hay un desfase, porque las mujeres cuando se plantean la maternidad saben que van a estar un año fuera del trabajo, y eso puede suponer una pérdida de salario pero también de carrera”, detalla Barrilero, que aconseja a las empresas no ver a las personas como un coste sino como una inversión, y no se desperdicie talento por el camino.
Para ello, algunas organizaciones establecen planes de flexibilidad de carrera, con el fin de corregir cualquier desfase. “A efectos salariales, nos encontramos con la paradoja, de que mujeres directivas ganan menos que los directivos, y este achaca el desajuste que existe en la mujer debido a ese ámbito personal, como es el de tener hijos o conciliar su vida profesional con la familiar”, señala el experto, que destaca la necesidad de que haya una concienciación mayor en este tema. “Ha habido mucho sacrificio de las vidas personales y profesionales de las mujeres, y todo esto ha pesado sobre sus carreras”.
El problema, apunta Susana Marcos, socia de People Matters, es que en España no existe ninguna obligación legal para que las compañías corrijan ese gap retributivo, que en España es de 100 frente a 74,6. “Cuando se analizan desde otras perspectivas te encuentras con distinto salario para un mismo puesto, una temporalidad mayor, jornadas parciales, puestos de menor responsabilidad. Todo esto multiplica las diferencias”.
En este sentido, sostiene que es necesario actuar desde la base, ya que gran parte de la brecha salarial se encuentra fuera de la empresa, a la vez que se debe fomentar políticas por las cuales los empleados sean remunerados por sus competencia, no por el género al que pertenezcan. Pero lo más importante, afirma Marcos, “hay que fomentar que las mujeres estudien carreras que estén bien pagadas”. Y cita el caso de Gas Natural, empeñada en buscar a mujeres jóvenes formadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el fin de ir incorporándolas a la empresa e ir promocionándolas. “Todo esto se debe animar con una ley o con ventajas fiscales, ya que está demostrado que las mujeres hacemos mucho, somos más eficientes”, afirma la socia de People Matters, quien insiste en que hay mucho trabajo por delante en el terreno de la igualdad salarial. “Nos estamos perdiendo la mitad del talento que tenemos, y no nos lo podemos permitir”.

Un siglo más de brecha de género

Dice el dicho que no hay mal que cien años dure. Como siempre, hay excepciones. Y el caso de las diferencias entre hombres y mujeres es una de ellas. A partir de ahora, se tardará, si se sigue al ritmo que hasta ahora, un siglo en acabar con la brecha de género, o lo que es lo mismo, que exista igualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos, como es la política, la educación, la sanidad o las oportunidades laborales y retributivas. A_esta reflexión llega el último informe del Foro Económico Mundial sobre este asunto. En el estudio se hace hincapié en que, a pesar de los avances de los últimos años, en el último ejercicio se ha retrocedido. Sin embargo, hay otra cifra mucho más preocupante, porque no será hasta el año 2234 cuando se alcance la igualdad plena en el mundo del trabajo.